El Art. 12, de la Ley de Extranjería garantiza la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes sean regulares o “irregulares”, con la única condición de estar previamente empadronados. Y en cualquier caso a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas durante embarazo, parto y puerperio, y a los accidentados o con enfermedades graves atendidos en urgencias hasta el alta médica. 

El gasto que supone la atención sanitaria a los inmigrantes es sólo del 2,7% respecto a las cuotas de Seguridad Social que aportan. Además contribuyen con otras cotizaciones sociales obligatorias, y por supuesto, aunque sean “irregulares” pagan los impuestos indirectos al consumo, y participan en la generación de riqueza colectiva aunque se la apropien sus explotadores.

UGT señala que la atención sanitaria en Madrid es poco utilizada por los inmigrantes, fundamentalmente, porque son una población joven, como lo demuestra la pirámide de edad del año 2004, comparada entre población española y extranjera en la Comunidad.

Pero además los ciudadanos extranjeros se encuentran con dificultades cuando se acercan a los servicios de salud que, según sus propias manifestaciones, son:

1.- Barreras propias del sistema sanitario: Dificultades para la accesibilidad, incompatibilidades con el horario de atención. Mala previsión financiera en la atención secundaria que es la más demandada. Actitudes xenófobas cuando no racistas de cierta parte del personal sanitario y de los usuarios autóctonos. Sigue resultando difícil empadronarse en algunos Ayuntamientos y conseguir la Tarjeta Individual Sanitaria(TIS)

2.- Barreras propias de la condición de inmigrante: La irregularidad conlleva precariedad laboral y social, por lo tanto riesgos añadidos para la salud (movilidad geográfica, horarios…). Las condiciones de alojamiento y alimentación aumentan el riesgo higiénico sanitario. El idioma, la cultura diferenciada y la poca educación sanitaria implican baja comprensión de instrucciones y bajo cumplimiento de las mismas. El proceso salud-enfermedad se concibe de forma distinta: la salud es la herramienta para trabajar y la enfermedad el obstáculo. El “Duelo migratorio” explica muchos de los síntomas de inadaptación al sistema de salud de la sociedad de acogida, no se les puede “psiquiatrizar” en exceso.



UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL SANITARIA EN MADRID

Por razones de salud pública, UGT exige promover una educación sanitaria enfocada a mejorar el cumplimiento terapéutico y el conocimiento y uso de los programas preventivos entre las personas inmigradas por lo que es preciso establecer un programa de mediación intercultural sanitaria que haga aún más accesible la salud pública a todos.



En la Comunidad de Madrid se está haciendo todo lo contrario. Se utiliza la situación precaria y vulnerable de muchos inmigrantes para justificar actuaciones administrativas demagógicas y poco o nada democráticas.

El uso político interesado de la inmigración madrileña, tiene su último ejemplo en la rueda de prensa organizada por la Consejería de Sanidad y Consumo ayer para anunciar a bombo y platillo que el 12,31 % de las TIS corresponde a filiados extranjeros, dato absolutamente lógico teniendo en cuenta que el 14,27% de los empadronados en Madrid son de origen foráneo

La Administración autonómica que lleva sin publicar datos sobre inmigración desde diciembre de 2003, nos proporciona ahora unos datos oscuros y poco realistas, creando alarma social innecesaria. Parece que la afiliación y la atención que se presta a estas personas es la causa fundamental de las listas de espera quirúrgica y de otras disfunciones de la red de salud pública madrileña.

A juicio de UGT, actitudes como esta provocan problemas de acomodación ciudadana mutua entre autóctonos e inmigrantes donde no los había, y despiertan el fantasma de la xenofobia y el racismo, que tan buenos réditos electorales han proporcionando a la derecha europea en otros países. No están midiendo los riesgos de esta política.



UGT-Madrid denuncia la instrumentalización que está haciendo el Gobierno Regional de las personas inmigrantes e insta a las tres Administraciones (Central, Autonómica y Local) para que coordinen sus actuaciones contando con la particiapación de los agentes sociales.

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