Un conflicto puede solucionarse por las buenas. Sentarse ante un juez es duro y, a veces, ni la víctima ni el infractor ven satisfechas sus pretensiones con una sentencia. Esto último es lo que persigue el programa de mediación con menores infractores que la Consejería de Familia lleva a cabo desde octubre del 2003 en Valladolid.

Una iniciativa que ha evitado sentar en el banquillo a un centenar de adolescentes de entre 14 y 17 años que habían cometido delitos tipificados como menos graves o faltas en hechos con ausencia de intimidación o violencia fuerte.

Pequeños hurtos o daños contra la propiedad, insultos, peleas entre menores o situaciones que los infractores no catalogaban más allá de una broma pesada, pero que están tipificadas por la legislación y no sentían así las víctimas, han provocado el trabajo de los mediadores. Una tarea que se inicia siempre a instancias de la Fiscalía y que debe ser aceptada voluntariamente por las partes. Se trata de proporcionar una alternativa a la intervención judicial, con una solución más rápida y que satisfaga a las dos partes.

De los casos remitidos al equipo de la Junta por el Ministerio Fiscal el año pasado, únicamente el 12% de los menores y el 13% de sus víctimas declinaron participar y prefirieron el dictamen de un juez. «Hay chicos que no se creen culpables, porque no se reconocen autores y se consideran incluso víctimas, y denunciantes que estiman que lo que se les propone no es suficiente y quieren llegar hasta el final», explica Antonio Sáez Aguado, gerente de Servicios Sociales de la Junta.

Disculpas y reparación

Un proceso de mediación que llega a buen puerto puede acabar de tres maneras distintas. El menor reconoce el daño causado, pide perdón y la víctima acepta sus disculpas; el infractor repara los daños ocasionados, ya sea en beneficio de la víctima o con tareas en beneficio de la comunidad; o bien el menor emprende actividades educativas como alternativa cuando las dos fórmulas anteriores se hacen imposibles por causas ajenas a su voluntad.

La consolidación de este programa de mediación con menores infractores ha coincidido con un descenso en el 2004 de las medidas notificadas por el Juzgado de Menores de Valladolid, que bajaron de 237 a 185, rompiendo la trayectoria ascendente de las medidas ejecutadas en el ámbito regional en los últimos cinco años.

Los responsables del equipo del programa de mediación defienden su eficacia y su valor educativo. Es más rápido que un juicio, puesto que el conflicto se soluciona en un mes, frente a los doce que puede llegar a demorarse una vista oral, con lo que se gana en eficacia al no dilatar el tiempo entre el hecho y las consecuencias que supondrá el mismo. Al ahorro de tiempo se suma el económico, puesto que evita tener que pagar las minutas de los abogados y resta trabajo a unos juzgados saturados de casos.

Además, evita la «estigmatización» y el mal trago que supone para el menor y su familia sentarse en el banquillo de los acusados, a la vez que proporciona a la víctima la reparación de los daños, incluido el moral, con la petición de perdón, que habitualmente no se logra en juicios en los que siempre hay un ganador y un perdedor.

En el caso del arbitraje, el menor, además, reconoce su error en público o por escrito, lo que le sirve para tomar conciencia de que lo que ha hecho -a veces piensa que no va más allá de una broma o que no está prohibido, caso de 'grafitis' en paredes habituales- no está bien. Los expertos coinciden en que la mediación conlleva un efecto educativo que no siempre salta a la vista en un juzgado.

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